La reciente detención de Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), ha sacudido al sector público argentino. Leal fue arrestado en su departamento de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, tras un allanamiento en el que las fuerzas federales incautaron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, divisas de seis países y diversas drogas sintéticas, incluyendo ketamina, MDMA y cocaína. Un segundo allanamiento en su residencia de Mendoza permitió el hallazgo de otros 1,7 millones de dólares en efectivo.

La investigación, encabezada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, se originó a principios de 2024 tras el robo de equipamiento de alto valor en un depósito de la Red Federal de Fibra Óptica en San Fernando, operado por la empresa Argentina Logistic Services (ALS). El caso rápidamente escaló al descubrirse un presunto esquema de direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas entre ARSAT y ALS, involucrando a una decena de funcionarios y empresarios.

Según la pesquisa, los contratos y prórrogas entre ARSAT y ALS sumaron más de 1,9 millones de dólares y fueron autorizados de forma directa por Leal y otros gerentes, eludiendo al directorio. Las declaraciones juradas de Leal ante la Oficina Anticorrupción revelan un salto patrimonial de 58 a 528 millones de pesos entre 2021 y 2025, apalancado por una empresa unipersonal de origen dudoso. En su última declaración, Leal reportó tener apenas un centavo de dólar en efectivo, contradiciendo los millones incautados.

La causa también involucra a Gerardo Boschin, ex subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos, señalado como el nexo clave para la adjudicación de contratos a ALS. Mensajes recuperados de celulares muestran la coordinación para inflar servicios y repartir sobornos. Otros funcionarios y empresarios, muchos de origen mendocino, están bajo investigación y podrían ser citados a indagatoria en los próximos días.

El escándalo, conocido como el caso de "la banda de los mendocinos", pone en evidencia la vulnerabilidad de los controles en empresas estatales y la persistencia de prácticas corruptas en la administración pública argentina. La causa sigue bajo secreto de sumario, mientras la Justicia avanza en la identificación de todos los responsables y el esclarecimiento del destino de los fondos públicos involucrados.