La Justicia federal avanza en la investigación sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según declaraciones de la inmobiliaria Rucci, el valor real del inmueble, completamente remodelado, era considerablemente superior al monto declarado en la operación.

Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, responsables de la inmobiliaria, afirmaron ante la fiscalía que el departamento fue ofrecido originalmente entre 340.000 y 375.000 dólares, pero la transacción se concretó por 230.000 dólares. La operación incluyó un pago inicial de 30.000 dólares en efectivo y el resto financiado en cuotas sin interés, una modalidad poco habitual en el mercado inmobiliario. Rucci también aclaró que no participó en la hipoteca asociada a la operación y que el nexo entre las partes fue Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras y amigo de Adorni.

La investigación, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si los gastos y adquisiciones de Adorni, incluyendo la compra de otras propiedades y viajes al exterior, son compatibles con sus ingresos y patrimonio declarado. La fiscalía ha secuestrado documentación relevante y citó a declarar a todos los involucrados, entre ellos Feijoo y el contratista de otra propiedad adquirida por la esposa de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El expediente también analiza la ruta del dinero y la legalidad de los pagos realizados, así como la posible existencia de irregularidades en las declaraciones juradas del funcionario. La causa se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios públicos en Argentina y ha generado reacciones tanto en el ámbito judicial como político, con pedidos de mayor transparencia y control sobre las declaraciones patrimoniales.

El cierre de la ronda de declaraciones está previsto para el 27 de abril, cuando se espera que se esclarezcan los detalles de las operaciones inmobiliarias y se determine si existieron inconsistencias patrimoniales por parte del jefe de Gabinete.