El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana decisiva en el Congreso, donde se debate la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil. Con negociaciones intensas, el oficialismo busca asegurar los votos necesarios para que la reforma laboral obtenga media sanción en el Senado, mientras se muestra abierto a modificaciones en el proyecto. Diego Santilli y Patricia Bullrich, figuras clave en el proceso, destacan el consenso alcanzado con gobernadores y bloques aliados, aunque reconocen que persisten diferencias puntuales.

En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley penal juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. Ministros como Alejandra Monteoliva y Mariano Cúneo Libarona defienden la iniciativa, argumentando que Argentina debe actualizar su legislación para abordar los delitos cometidos por menores. El debate se centra en la responsabilidad legal y la resocialización de los adolescentes involucrados en delitos.

La apertura de importaciones genera preocupación en el sector industrial, que reclama un ordenamiento macroeconómico, alivio impositivo y reformas estructurales para evitar la pérdida de competitividad. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, relativiza el impacto sobre el empleo y sostiene que la prioridad es proteger el interés de los consumidores.

En el ámbito sindical, la central obrera impulsa una movilización al Congreso contra la reforma laboral, aunque descarta un paro general. Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, denuncia una "intencionalidad ideológica antisindical" en el proyecto, pero destaca la importancia del diálogo con el Gobierno.

En el plano político, Axel Kicillof asume la presidencia del PJ bonaerense tras un acuerdo con Máximo Kirchner, quien retiene el control del Congreso partidario. Este movimiento busca consolidar la unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2027.

El contexto económico incluye la llegada de una misión del FMI para revisar el acuerdo vigente y la postergación de la aplicación de un nuevo índice de inflación tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC. El Gobierno apuesta a sostener el ritmo de compras del Banco Central y avanzar en acuerdos internacionales, como el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur.

Las reacciones de los distintos actores reflejan la polarización del debate: mientras el oficialismo defiende la necesidad de modernizar la legislación y priorizar el interés general, sindicatos y sectores opositores advierten sobre la pérdida de derechos y la falta de protección laboral. El desenlace de las votaciones en el Congreso será clave para el futuro político y económico del país.