Un joven de 19 años, oriundo de Coronda, Santa Fe, fue detenido en San Salvador de Jujuy tras ser imputado por explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil. El acusado, identificado como G.F.F., utilizó sus conocimientos informáticos y herramientas de inteligencia artificial para crear un falso programa de becas educativas, logrando engañar a tres estudiantes, dos de ellas menores de edad, quienes viajaron desde Santa Fe para participar en la Fiesta Nacional del Estudiante.

Según la investigación de la Unidad Fiscal Jujuy, el joven diseñó toda la infraestructura digital de un organismo inexistente, el "Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte", valiéndose de sitios web, flyers y documentación apócrifa. La propuesta fue tan convincente que las víctimas y sus familias completaron formularios y firmaron permisos de viaje y estadía, sin advertir el engaño.

Las jóvenes, de entre 17 y 21 años, llegaron a Jujuy y se alojaron en un departamento alquilado por el imputado en el barrio Alto Padilla. Durante su estadía, una de las adolescentes descubrió una cámara espía oculta en un reloj del baño, lo que motivó la denuncia ante la policía. El acusado intentó deshacerse del dispositivo arrojándolo por la ventanilla de un patrullero, pero los agentes lograron recuperarlo.

El peritaje preliminar reveló la existencia de 15 videos y 68 fotos de las víctimas, además de material de abuso sexual infantil y contenido similar de otras posibles víctimas. Ante la gravedad de los hechos, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, dictó prisión preventiva y autorizó la profundización de las pericias en todos los dispositivos electrónicos secuestrados.

La defensa del imputado ofreció garantías patrimoniales y el compromiso de colaboración, pero el juez consideró que la logística desplegada y la experticia informática del acusado justificaban la medida cautelar. La investigación continúa, y el Ministerio Público Fiscal no descarta nuevas imputaciones si se comprueba la producción de material ilícito o la participación de otras personas.

Este caso pone en evidencia el uso de tecnología avanzada para la comisión de delitos graves y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección de engaños digitales, especialmente en contextos educativos y juveniles.