El Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) publicó los fundamentos de la condena a Marcelo Sebastián D’Alessio, el falso abogado que lideró una asociación ilícita dedicada al espionaje, la extorsión y la manipulación de causas judiciales. La sentencia, de más de mil páginas, destaca los vínculos entre D’Alessio y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y candidata al Senado por la Ciudad de Buenos Aires.

Según el fallo, D’Alessio y su grupo operaron entre julio de 2016 y febrero de 2019, obteniendo información privada de diversas personas a través de fuentes públicas y bases de datos restringidas. El objetivo era intimidar y exigir dinero, amenazando con involucrar a las víctimas en causas judiciales o exponerlas en medios de comunicación. El tribunal acreditó que D’Alessio mantenía una red de contactos con funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad, periodistas y empresarios.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la relación entre D’Alessio y Bullrich. Los jueces sostienen que la ministra sabía que D’Alessio realizaba "investigaciones criminales" por su cuenta y no intervino para detenerlo. En la sentencia se incluyen mensajes y registros de reuniones entre ambos, como una cita en 2017 en la sede del Ministerio de Seguridad, en la que participaron Bullrich y el entonces subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier. Además, se encontraron presentaciones y comunicaciones que evidencian el acceso de D’Alessio a información sensible sobre narcotráfico.

La investigación se inició tras la denuncia del empresario Pedro Etchebest en enero de 2019, quien afirmó haber sido extorsionado por D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del juzgado federal de Dolores, llevó adelante la causa, que fue validada por el TOF8, descartando la existencia de un complot contra D’Alessio.

El fallo también señala intentos del gobierno de Mauricio Macri de controlar el impacto del escándalo, según mensajes y audios presentados en el juicio. Los jueces remarcan la gravedad de los hechos para la vida democrática y la administración de justicia, y advierten sobre las sombras que recaen sobre el uso de información pública y el ejercicio del periodismo en el país.

Patricia Bullrich negó vínculos directos con D’Alessio, alegando que el teléfono involucrado era de un familiar. Sin embargo, testimonios y pruebas presentadas en el juicio confirman la relación entre ambos. El caso deja en evidencia la necesidad de fortalecer los controles sobre el acceso a información pública y la transparencia en la actuación de funcionarios y fuerzas de seguridad.