La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha desencadenado una participación ciudadana sin precedentes, con más de 18 mil personas y organizaciones inscriptas para las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados. El proceso, que busca modificar los alcances de la protección de glaciares y ambientes periglaciales, enfrenta ahora una ralentización legislativa debido al volumen de participantes.

Las audiencias, previstas para el 25 y 26 de marzo, combinarán exposiciones presenciales y virtuales, en cumplimiento de los principios de participación ambiental establecidos por el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, el esquema actual de cinco minutos por expositor podría extender el debate durante varios meses, lo que ha llevado a legisladores opositores a solicitar la ampliación de las jornadas para garantizar una participación efectiva.

El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone limitar la protección a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan una función hídrica comprobable, en contraste con la ley vigente que resguarda de manera general todos estos ambientes. De aprobarse, las provincias tendrían mayor autonomía para definir qué áreas proteger, basándose en estudios técnicos propios, y las actividades productivas quedarían sujetas a análisis de impacto ambiental caso por caso.

El debate se produce en un contexto de fuerte presión de sectores mineros y productivos, que buscan facilitar inversiones internacionales, mientras que ambientalistas y movimientos sociales advierten sobre los riesgos para las reservas de agua y el ambiente. "La obligación del Estado no se agota en la mera convocatoria formal, sino que exige adoptar medidas para garantizar una participación real y sustantiva", señalaron legisladores opositores en una nota dirigida a las autoridades del Congreso.

Mientras tanto, la falta de transparencia en la publicación del listado de inscriptos y la magnitud de la convocatoria han generado tensiones entre oficialismo y oposición. El resultado de este proceso podría definir el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental en el país, en un debate que promete extenderse más allá de las fechas inicialmente previstas.