El despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte de Argentina, bajo la denominada "Operación Roca", ha generado un intenso debate político y social. La medida, anunciada el 15 de abril de 2025 por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permite a los militares realizar detenciones en casos de flagrancia, algo que ha sido cuestionado por expertos legales y políticos.

El operativo, que forma parte del Plan Güemes, incluye el despliegue de 10,000 efectivos militares en las provincias del norte y noreste del país. Según el gobierno, la medida busca reforzar la seguridad en zonas críticas afectadas por el narcotráfico y otros delitos transnacionales. "La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras", afirmó Petri, quien también criticó el "sesgo ideológico" de quienes se oponen a la medida.

Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente criticada por sectores políticos, sociales y académicos. El exjuez Abel Cornejo calificó la medida como una "extralimitación" de las funciones del Ministerio de Defensa y recordó que la Ley de Seguridad Interior prohíbe explícitamente la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. "Es un tema que sí o sí hay que llevar al Congreso para que se discuta", afirmó Cornejo.

La resolución 347/2025, que formaliza el operativo, incluye cláusulas reservadas conocidas como "reglas de empeñamiento", que han generado preocupación entre los militares por las implicaciones legales de sus acciones. Además, expertos advierten que la falta de protocolos claros para la derivación de detenidos a la Justicia podría comprometer tanto a los efectivos como a la ciudadanía.

El operativo también ha sido señalado como un posible debilitamiento institucional. "Permitir que jóvenes oficiales formados para el combate convencional asuman tareas de arresto es un acto de irresponsabilidad política", afirmó un especialista en defensa. Por su parte, exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy calificaron la medida como "ilegal" y "contraria a la legislación vigente".

En el plano internacional, países como Colombia y Ecuador han enfrentado críticas similares por el uso de militares en tareas de seguridad interna. En Argentina, la medida ha reavivado el debate sobre los límites legales y éticos del uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, reflejando tensiones entre la necesidad de combatir el crimen organizado y el respeto a los principios democráticos.

En conclusión, la "Operación Roca" ha puesto en el centro del debate nacional la relación entre seguridad, defensa y democracia, subrayando la necesidad de un marco legal claro y consensuado para abordar los desafíos de la seguridad en el país.