El Gobierno nacional avanza con un ambicioso plan para transformar la red vial argentina, anunciando la licitación de 12.000 kilómetros adicionales de rutas, que se suman a los 9.000 kilómetros ya en proceso de concesión. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el objetivo es modernizar la infraestructura, reducir los costos logísticos y atraer inversión privada, en un contexto de fuerte deterioro de la red vial y restricciones presupuestarias.

Durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo afirmó: “A los 9.000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país”. El plan prioriza corredores estratégicos que concentran el 80% del tránsito nacional y prevé la implementación de nuevos peajes y esquemas de mantenimiento privado, con contratos de hasta 30 años.

La inversión estimada para la primera etapa es de u$s 9.000 millones. El esquema contempla que las empresas privadas financien las obras y recuperen la inversión mediante el cobro de peajes, mientras que el Estado busca minimizar la obra pública directa y transferir rutas a provincias y empresas privadas. En este sentido, la provincia de Santa Fe recibirá la ruta A012 y financiamiento internacional para obras portuarias, en un intento por descentralizar la gestión y acelerar las inversiones.

Sin embargo, el anuncio generó críticas y escepticismo en distintos sectores. Analistas y cámaras empresariales advierten que el plan cubre solo una fracción de los 40.000 kilómetros de la red nacional y que los aumentos de peajes afectan especialmente al transporte de cargas. Además, el sector de la construcción espera una recuperación lenta y desigual, con impacto limitado en pymes y obras menores, debido a la parálisis de la obra pública nacional y la caída de la coparticipación federal.

A pesar de las expectativas oficiales, la reactivación de la construcción y la mejora de la infraestructura vial dependerán de la velocidad de las licitaciones y la concreción de las inversiones privadas. El Gobierno sostiene que la medida es clave para la competitividad y la reactivación económica, mientras que los usuarios y transportistas reclaman mejoras inmediatas y cuestionan el aumento de los costos. El debate sobre el alcance y el impacto real del plan continúa abierto, en un contexto de desafíos económicos y demandas crecientes de infraestructura.