Una fuerte polémica se desató en Avellaneda luego de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, reasignara 160 viviendas del Plan Procrear a miembros de las fuerzas federales. Estas unidades habitacionales, ubicadas en el complejo Sagol I, ya habían sido adjudicadas a familias trabajadoras mediante un sorteo realizado en noviembre de 2023.

La decisión fue comunicada oficialmente por Bullrich, quien defendió la medida como un reconocimiento a quienes "nos cuidan todos los días". Según la ministra, las viviendas fueron cedidas por el Ministerio de Economía y serán administradas directamente por las fuerzas, sin intermediarios. "Esto es cuidar a quienes nos cuidan", afirmó Bullrich en sus redes sociales, destacando que la reasignación forma parte de un plan federal que busca solucionar el problema habitacional de los efectivos.

Sin embargo, la medida generó un inmediato rechazo por parte de los adjudicatarios originales, quienes denunciaron haber sido desplazados sin previo aviso ni compensación. Testimonios recogidos por diversos medios relatan la frustración y el dolor de las familias afectadas, que habían cumplido con todos los requisitos y esperaban acceder a su vivienda tras años de espera. "Me robaron la ilusión", expresó Andrea, una de las damnificadas, mientras que Silvia Navarrete, otra adjudicataria, denunció: "Bullrich nos robó la casa y se la regaló a la Policía".

El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, presentó reclamos formales ante el Ministerio de Economía y el Ministerio de Seguridad, exigiendo la restitución de las viviendas a sus legítimos adjudicatarios. "No me opongo a que las fuerzas de seguridad tengan viviendas, pero estas ya tenían dueños", sostuvo García.

La controversia se da en un contexto de crisis habitacional y tras la disolución del Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar, oficializada en junio de 2025. Mientras los damnificados evalúan acciones legales y organizaciones sociales repudian la medida, el Gobierno mantiene su postura, argumentando que la reasignación es necesaria y justa. El debate continúa abierto y se espera que el conflicto escale en los próximos días, con posibles implicancias legales y sociales.