El Gobierno argentino, tras la reciente salida de Manuel Adorni, busca retomar el control de la agenda legislativa con una serie de reformas consideradas clave para la segunda mitad del año. Entre las prioridades se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la eliminación de las PASO, cambios en la ley de partidos políticos y el financiamiento electoral, así como la modificación del régimen de Zona Fría y la ley de Inocencia Fiscal.

La administración de Javier Milei, junto a la secretaria general Karina Milei, reunió a legisladores de La Libertad Avanza para definir una hoja de ruta que combine iniciativas ya anunciadas con otras en elaboración. El objetivo central es fortalecer la independencia del Banco Central, restringiendo su capacidad de asistir al Tesoro y limitando el uso de reservas internacionales para el pago de deuda, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

En el plano político, el Gobierno impulsa la eliminación de las elecciones primarias (PASO), argumentando que representan un gasto innecesario y han debilitado la identidad de los partidos. El proyecto también endurece los requisitos para la creación y mantenimiento de partidos políticos, limita los aportes públicos a campañas y prohíbe la contratación de asesores extranjeros. Además, se busca incorporar la figura de Ficha Limpia para impedir candidaturas de dirigentes condenados por corrupción.

El Senado, sin embargo, ha visto demorado el tratamiento de estos proyectos debido a internas entre la jefa de bloque Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, así como por cuestiones logísticas y la reciente crisis política. La sesión para tratar la ley de propiedad privada, la ley Hojarasca y pliegos judiciales, entre ellos el del juez Víctor Pesino, fue postergada para mediados de julio. El proyecto de propiedad privada, impulsado por Federico Sturzenegger, mantiene restricciones a la compra de tierras por extranjeros tras varias modificaciones.

La ley Hojarasca, que busca derogar unas 70 normas consideradas obsoletas, y la reforma al régimen de Zonas Frías, que recorta subsidios al gas, también enfrentan resistencias y negociaciones en el Senado. Mientras tanto, la CGT ha impugnado el pliego de Pesino por fallos laborales controvertidos.

El oficialismo busca mostrar que la crisis política no alterará el rumbo de las reformas, aunque las divisiones internas y la necesidad de acuerdos con aliados y opositores marcan el ritmo del Congreso. El desenlace de estas iniciativas será clave para el futuro institucional y económico del país.