En una decisión que ha generado amplio debate, el gobierno argentino revocó el 6 de abril de 2026 las credenciales de varios periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida se tomó tras la publicación de un informe internacional que sugería que medios argentinos habrían recibido pagos de una red de propaganda rusa para publicar noticias desfavorables al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el consorcio periodístico responsable del informe reconoció posteriormente que no pudo verificar la existencia de dichos pagos ni identificar a los supuestos beneficiarios.

La decisión fue comunicada de manera informal y aplicada de forma selectiva, afectando principalmente a medios críticos del gobierno. Entre los afectados se encuentra Ámbito Financiero, que desmintió categóricamente haber recibido fondos extranjeros y denunció un grave daño reputacional. "La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo", declaró Liliana Franco, periodista de Ámbito, quien además subrayó la importancia de la libertad de prensa para la democracia argentina.

El gobierno justificó la medida argumentando la necesidad de protegerse de campañas de desinformación extranjera, aunque no presentó pruebas concluyentes. La falta de transparencia y la selectividad en la aplicación de la medida han sido duramente criticadas por periodistas, organizaciones y analistas, quienes la consideran un acto de censura y un ataque a la libertad de expresión.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la prensa, con antecedentes similares en otros países, como Estados Unidos durante la administración Trump. Analistas advierten que el uso de acusaciones de desinformación extranjera como pretexto para restringir la labor periodística representa un riesgo para la democracia y la pluralidad informativa en Argentina.

Mientras tanto, el periodismo argentino enfrenta desafíos estructurales como la precarización laboral y la falta de cohesión gremial, lo que dificulta una respuesta colectiva ante este tipo de ataques. El caso ha reavivado el debate sobre el rol de la prensa, la protección de la libertad de expresión y la necesidad de mecanismos institucionales sólidos para defender estos principios fundamentales.