El gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de una ambiciosa reforma tributaria que incluye la creación de un "súper-IVA", un impuesto al consumo que busca reemplazar tributos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos. Este proyecto, que cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene como objetivo simplificar el complejo sistema tributario argentino, que actualmente cuenta con más de 160 impuestos.

El "súper-IVA" unificaría el IVA actual, que se encuentra en el 21%, con otros impuestos provinciales y municipales, como Ingresos Brutos, cuya alícuota varía entre el 1,5% y el 5%. Según expertos, la nueva alícuota podría superar el 21%, pero se espera que el costo final para los consumidores disminuya al eliminarse otros gravámenes. La recaudación sería centralizada por la Agencia de Recaudación de la Nación (ARCA), que luego distribuiría los fondos a las provincias según sus respectivas alícuotas.

El proyecto ha generado reacciones mixtas. Por un lado, empresarios y economistas destacan que la reforma podría aliviar la carga tributaria que afecta la competitividad de las empresas argentinas. "Cobrando bien el IVA podemos eliminar otros tributos que hoy castigan la actividad económica", señaló Osvaldo Giordano, presidente de la Fundación Mediterránea. Por otro lado, los gobernadores provinciales han expresado su preocupación por la pérdida de autonomía fiscal, ya que Ingresos Brutos representa hasta el 80% de la recaudación en algunas provincias.

La implementación del "súper-IVA" está prevista para después de las elecciones de octubre, cuando el oficialismo espera contar con mayor apoyo legislativo. Sin embargo, el presidente Milei no descarta enviar el proyecto al Congreso en junio para iniciar el debate. "Vamos a terminar con el infierno de tributar en la Argentina", afirmó el mandatario, quien también destacó que la reforma fomentará una "competencia fiscal" entre provincias para atraer inversiones.

El contexto histórico de esta reforma es relevante. Ingresos Brutos, introducido en 1977, ha sido ampliamente criticado por su efecto cascada, que incrementa los costos de producción y afecta la competitividad. Intentos previos de eliminar este impuesto, como el Segundo Pacto Federal de 1993, no lograron resultados concretos. Además, la reforma tributaria es un compromiso asumido por el gobierno con el FMI, que exige un superávit fiscal del 2,2% del PBI para 2026.

A pesar de las resistencias, el gobierno confía en que la reforma será un paso crucial hacia la modernización fiscal y la mejora de la competitividad económica. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del oficialismo para negociar con las provincias y otros actores clave, así como de su implementación efectiva en un contexto económico desafiante.