El Tribunal Oral Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Marcelo D'Alessio a 13 años y 6 meses de prisión por su rol como líder de una organización dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y el lavado de dinero. La sentencia, dictada tras un juicio oral que se extendió por casi dos años, también incluyó penas para otros cinco imputados, entre ellos dos exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes recibieron condenas de hasta nueve años y medio de prisión.

La investigación se inició en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que D'Alessio le exigió 300.000 dólares para no involucrarlo en la causa conocida como "los cuadernos", impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío. Etchebest entregó parte del dinero bajo vigilancia judicial, lo que permitió reunir pruebas clave para el proceso. El tribunal ordenó la restitución de 14.700 dólares a la víctima.

Durante el juicio, se comprobó que la organización obtenía información de bases de datos restringidas y de contactos en organismos estatales, que luego utilizaba para extorsionar a empresarios y otras personas, amenazándolas con involucrarlas en causas judiciales o exponerlas mediáticamente. El fiscal general Marcelo Colombo describió el funcionamiento de la red como un "binomio de espionaje ilegal y extorsión", con ramificaciones en el ámbito judicial, mediático y empresarial.

D'Alessio, quien ya cumplía una condena previa por tentativa de extorsión, fue absuelto únicamente por el delito de encubrimiento debido a la prescripción de la acción penal. El tribunal también absolvió a tres imputados, entre ellos un excomisario bonaerense y un oficial de Prefectura.

El fallo ordenó continuar la investigación sobre la filtración de información confidencial desde organismos estatales y el circuito internacional de lavado de dinero, señalando a varios agentes y financistas cuyos roles aún deben esclarecerse. El caso puso en evidencia la existencia de redes de connivencia entre inteligencia, justicia, fuerzas de seguridad y medios de comunicación, y reavivó el debate sobre el uso político de la justicia y la prensa en la Argentina. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 15 de septiembre de 2025.