El gobierno de Javier Milei anunció la creación de una Oficina de Respuesta Oficial, cuyo objetivo es desmentir informaciones consideradas falsas por el Ejecutivo. La medida generó una inmediata polémica en el ámbito político y mediático, con críticas que la comparan con dispositivos implementados durante el kirchnerismo, como NODIO y la Defensoría del Público.

La iniciativa fue presentada como una herramienta para combatir la desinformación, pero diversos sectores advierten sobre el riesgo de que el gobierno se convierta en "árbitro de la verdad" y afecte la libertad de expresión. "La inutilidad del invento solo trae descrédito, en todo el mundo salió la noticia de que el gobierno alentaba un ataque a la libertad de expresión", expresó Noticias Argentinas. En tanto, La Nación subrayó que la medida recuerda a los mecanismos de control mediático del kirchnerismo y que la manipulación de datos oficiales, como el índice de inflación del INDEC, es un antecedente relevante.

El anuncio se produjo en un contexto de otras controversias, como el regreso del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos y la modificación de la metodología para medir la inflación. Estas acciones han generado tensiones en el debate público y han sido interpretadas como intentos de controlar el relato oficial.

La reacción de periodistas y actores políticos ha sido mayoritariamente crítica, alertando sobre posibles consecuencias negativas para la democracia y la confianza ciudadana. "La gente de espíritu republicano que se pasó a La Libertad Avanza debería pronunciarse contra esta idiotez", sostiene Noticias Argentinas. Por su parte, seguidores del gobierno defienden la medida en redes sociales, argumentando la necesidad de combatir la desinformación.

El debate sobre el rol del Estado en la comunicación pública y la libertad de prensa sigue vigente en la política argentina, con antecedentes de tensiones entre gobiernos y medios. Las implicaciones futuras de la Oficina de Respuesta Oficial dependerán de su funcionamiento y del impacto en la relación entre el Ejecutivo, la prensa y la sociedad.