Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, fue beneficiada con prisión domiciliaria tras pasar nueve días detenida en el penal de Ezeiza. La medida fue dispuesta por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien había ordenado su detención preventiva por su presunta participación en el ataque con estiércol a la casa del diputado nacional José Luis Espert, ocurrido el 17 de junio en San Isidro.

El episodio, que incluyó la colocación de un cartel ofensivo y la dispersión de excremento animal en la vereda del domicilio de Espert, fue registrado por cámaras de seguridad y motivó una investigación que identificó a Abaigar y a otros militantes kirchneristas como presuntos responsables. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la detención y la vinculó a la militancia política de la acusada.

La defensa de Abaigar, encabezada por el abogado Daniel Llermanos, denunció que la detención era desproporcionada y que la funcionaria padece una enfermedad autoinmune que hacía inviable su permanencia en prisión. El Cuerpo Médico Forense avaló la necesidad de prisión domiciliaria, lo que llevó a la jueza a modificar la medida.

El caso generó un intenso debate político y judicial. Legisladores como Mariano Recalde y Vanesa Siley denunciaron a la jueza Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño y abuso de poder, argumentando que el hecho no superaba la categoría de contravención municipal. Organismos de derechos humanos, como el CELS, también reclamaron la liberación de los detenidos y cuestionaron la criminalización de la protesta política.

Por su parte, Espert y Bullrich defendieron la actuación judicial y policial, señalando la gravedad institucional del ataque a un legislador nacional. El caso reavivó la discusión sobre el uso de la prisión preventiva y la respuesta del sistema judicial ante manifestaciones políticas, en un contexto de alta polarización y judicialización de la protesta en Argentina.

La Cámara Federal de San Martín deberá resolver en los próximos días si corresponde mantener la prisión preventiva de Abaigar. El debate sobre la proporcionalidad de las medidas judiciales y la criminalización de la protesta continúa en el centro de la agenda pública.