La Escuela Primaria Nº 21 de Mar del Plata fue escenario de una serie de incidentes que conmocionaron a la comunidad local. El martes por la mañana, dos niñas de siete años denunciaron presuntos tocamientos por parte de un compañero de diez años. La noticia se propagó rápidamente entre los padres, quienes se congregaron en la puerta del establecimiento exigiendo respuestas y medidas inmediatas.

La protesta escaló en cuestión de horas: padres y vecinos rompieron vidrios, dañaron patrulleros y agredieron a policías y personal escolar. La situación se tornó aún más grave cuando un grupo se dirigió a la vivienda del niño acusado y la incendió, dejando a la familia en la calle y provocando la muerte de su mascota. La madre del menor, Nélida, relató entre lágrimas que fue golpeada y perdió todo lo que tenía. "Me arruinaron la vida, me quedé con lo puesto", expresó en entrevistas radiales y televisivas.

La Justicia intervino rápidamente. La fiscalía de turno tomó la denuncia, pero no abrió causa penal contra el niño, ya que la ley argentina considera no punibles a los menores de 16 años. El caso fue derivado a organismos de protección de la niñez y se dispuso la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces. No se ordenaron medidas cautelares ni prácticas médicas forenses, dado que los presuntos tocamientos habrían sido por encima de la ropa.

El episodio generó un paro docente de 24 horas en todo el distrito de General Pueyrredón, con movilizaciones de trabajadores de la educación y vecinos. El Consejo Escolar informó sobre los daños materiales en la escuela y la necesidad de custodia policial. Docentes y sindicatos repudiaron la violencia y reclamaron medidas de protección para la comunidad educativa.

Expertos en psicopedagogía y convivencia escolar advirtieron sobre la tendencia a la justicia por mano propia y la importancia de abordar estos casos desde una perspectiva educativa y reparadora, evitando la estigmatización de los menores involucrados. El caso puso en evidencia la crisis de convivencia y la falta de confianza en las instituciones, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de contención y diálogo en el ámbito escolar.

La familia del niño acusado permanece en situación de desamparo, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades por los daños y agresiones ocurridos. El episodio dejó en shock a la comunidad y abrió un debate sobre la gestión de conflictos infantiles y la respuesta social ante situaciones de violencia escolar.