El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump ha generado un escenario de incertidumbre para el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, decidió posponer el envío del acuerdo al Congreso, a la espera de clarificaciones sobre el impacto legal y comercial de la sentencia.

El acuerdo, firmado el 5 de febrero y anunciado en noviembre de 2025, contemplaba la reducción de aranceles de 10% a 0% para 1.675 posiciones arancelarias de exportación argentina, así como un aumento de la cuota de carne bovina exportada a Estados Unidos. Sin embargo, la base legal de estos beneficios fue cuestionada por el fallo de la Corte Suprema estadounidense, que por mayoría de 6 a 3 declaró inconstitucionales los aranceles recíprocos aplicados bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

En respuesta, el presidente estadounidense anunció la aplicación de nuevos aranceles temporales del 15% bajo la Ley de Comercio de 1974, lo que añade más incertidumbre al panorama comercial bilateral. Funcionarios argentinos han iniciado contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para analizar el alcance de las nuevas medidas y definir la estrategia a seguir.

En el Congreso argentino, diputados de la oposición, encabezados por Eduardo Valdés, Jorge Taiana y Santiago Cafiero, han solicitado la presencia del canciller Pablo Quirno para que brinde explicaciones sobre el tratado y sus posibles consecuencias. "El acuerdo se tornó inexplicable al día que falló la Corte Suprema contra la política arancelaria de Trump", señalaron los legisladores, advirtiendo sobre el riesgo de que Argentina asuma compromisos estructurales en un contexto de revisión judicial de la política comercial estadounidense.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina también expresó preocupación, señalando que el texto del acuerdo podría perder sustento legal tras el fallo judicial. El gobierno, por su parte, mantiene la confianza en que las condiciones negociadas serán respetadas, aunque reconoce la necesidad de adaptar el acuerdo a la nueva situación legal y política.

El tratamiento del acuerdo en el Congreso se prevé para marzo, junto a otros proyectos de reforma impulsados por el Ejecutivo. El desenlace de este proceso será clave para la economía argentina y su relación comercial con Estados Unidos, en un contexto internacional marcado por la volatilidad y la revisión de políticas arancelarias.