El femicidio de Laura Lorena Camiña, ocurrido en Valle Hermoso, provincia de Córdoba, ha generado una profunda conmoción en la comunidad y reavivado el debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género. Camiña, abogada de 47 años, fue hallada sin vida en la habitación de un hotel alojamiento, donde también se encontraba el cuerpo de su ex pareja, Gabriel Emanuel Cuello, de 27 años, quien se suicidó tras cometer el crimen.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, la pareja ingresó al hotel el sábado por la tarde y no se registraron movimientos posteriores. El personal del establecimiento alertó a la policía el domingo, tras más de 24 horas sin respuesta desde la habitación. Al ingresar, los efectivos hallaron la puerta bloqueada con una cama y encontraron a Camiña estrangulada en el suelo, mientras que Cuello se había ahorcado utilizando sábanas.

La autopsia confirmó que la mujer murió por estrangulamiento y el hombre por ahorcamiento, consolidando la hipótesis de femicidio seguido de suicidio. En la escena, los investigadores secuestraron un teléfono celular destruido, que será sometido a peritajes para intentar reconstruir las horas previas al hecho.

El caso adquiere mayor gravedad al conocerse que Camiña había denunciado reiteradas veces a Cuello por violencia y amenazas, y que existía una orden de restricción de acercamiento vigente. Dos semanas antes del crimen, la víctima publicó en sus redes sociales un mensaje advirtiendo sobre el peligro que representaba su ex pareja y solicitando protección. "Es peligroso y está armado. Que Dios me proteja", escribió, en un posteo que hoy circula como símbolo de un pedido de auxilio no atendido.

La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, investiga cómo se concretó el encuentro pese a la restricción judicial y si existieron omisiones o fallas en los controles. El caso permanece bajo secreto de sumario mientras se analizan registros, comunicaciones y testimonios.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia de género en la provincia, y ha generado reclamos de organizaciones y la sociedad por una mayor eficacia en la prevención y protección de las víctimas. El femicidio de Laura Camiña expone nuevamente las limitaciones del sistema judicial y la urgencia de reforzar las medidas de resguardo para quienes denuncian situaciones de riesgo.