El escándalo de corrupción conocido como "La Rosadita de Chaco" ha generado conmoción en la provincia, involucrando a figuras políticas, sociales y empresariales. La investigación, liderada por la justicia federal, expone una red de facturación apócrifa y lavado de dinero que operó durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich.

El contador Walter Pasko, señalado como el líder de la red, se entregó a las autoridades tras varios días prófugo. Pasko está acusado de utilizar su estudio contable para emitir facturas falsas, desviar fondos públicos y evadir impuestos. Junto a él, fueron detenidos Fernando Ayala, referente social, y su pareja María José Reinau, quienes también están implicados en la causa.

La red operaba mediante cooperativas fantasma y utilizaba datos fiscales de clientes para justificar cobros millonarios por servicios inexistentes. Según la investigación, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), creado durante la gestión de Capitanich, fue uno de los principales canales de financiamiento. En 2023, este organismo manejó un presupuesto de 16 mil millones de pesos, de los cuales el 93% se destinó a programas sociales que, en muchos casos, no se ejecutaron.

Pruebas clave, como videos encontrados en el celular de Ayala, muestran al dirigente contando grandes sumas de dinero en efectivo y utilizando a menores para trasladar fajos de billetes. Además, se descubrieron armas y documentación que refuerzan las acusaciones de asociación ilícita y fraude fiscal.

El caso ha generado un fuerte impacto político. Jorge Capitanich, quien actualmente es candidato a diputado provincial, ha denunciado una campaña en su contra y presentado una denuncia por fake news. Sin embargo, la justicia continúa investigando posibles conexiones entre la red delictiva y su gestión.

El fiscal Patricio Sabadini, a cargo de la causa, ha señalado que el monto defraudado podría superar los 500 millones de pesos. La investigación sigue en curso, con nuevos allanamientos y la posibilidad de que más implicados sean identificados.

La ciudadanía chaqueña, mientras tanto, exige transparencia y justicia en un caso que pone en evidencia las debilidades en la administración de fondos públicos. El desenlace de esta causa podría tener implicaciones significativas tanto a nivel judicial como político.