Ana Pietra, una interna trans condenada a prisión perpetua por el homicidio de un hombre en el barrio porteño de La Boca, solicitó ser trasladada a una cárcel de mujeres tras cambiar su identidad de género antes de la sentencia. La Justicia Federal rechazó el pedido, argumentando razones de seguridad y la ausencia de un protocolo específico para internos trans en el sistema penitenciario argentino.

El crimen por el que Pietra fue condenada ocurrió en enero de 2023, cuando, junto a su pareja Ailén Ferreiro, engañaron a la víctima mediante una aplicación de servicios sexuales. Tras un encuentro en el domicilio del hombre, ambos lo golpearon, estrangularon y robaron, según la reconstrucción judicial basada en cámaras de seguridad y testimonios. Tanto Pietra como Ferreiro recibieron condena a prisión perpetua.

Antes de enfrentar el juicio, Pietra notificó al Tribunal Oral en lo Criminal N°5 su cambio de identidad de género, solicitando ser llamada Ana. Bajo ese nombre fue sentenciada en diciembre de 2024. Desde entonces, Pietra ha denunciado trato desigual y discriminatorio por parte del Servicio Penitenciario Federal, alegando aislamiento social y hostigamiento. "Me siento encerrada durante 23 horas al día y tratada como si no fuera una persona", afirmó en su presentación judicial.

Actualmente, Pietra está alojada en el anexo Pabellón “E” del Instituto Correccional de Mujeres en Salta, aislada de otros internos. Su defensa solicitó el traslado al Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde existe un pabellón trans, pero la solicitud fue rechazada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°5, que advirtió sobre amenazas previas de Pietra a su ex pareja y cómplice, Ailén Ferreiro, también alojada en Ezeiza.

La Sala II de la Cámara Federal de Salta confirmó el rechazo del habeas corpus, considerando que "no se advierte un proceder arbitrario ni discriminatorio por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal que constituya un agravamiento ilegítimo de las actuales condiciones de detención de Pietra". El tribunal señaló que el caso está siendo contemplado y que el alojamiento actual busca resguardar la integridad física de la interna y del resto de la población penal.

En febrero de 2025, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que prohíbe el traslado a cárceles de mujeres para personas trans condenadas por delitos cometidos mientras se identificaban como hombres, especialmente en casos de violencia hacia mujeres. Sin embargo, la nueva normativa no se aplicó retroactivamente al caso de Pietra.

El caso expone los desafíos y vacíos normativos en el sistema penitenciario argentino respecto al alojamiento de personas trans condenadas por delitos graves, y genera debate sobre el trato digno, la seguridad y la igualdad de derechos para internos LGBTIQ+ en prisión.