El sistema de salud argentino se encuentra bajo la lupa tras la detención de un enfermero y la orden de prisión preventiva para un cardiólogo, acusados de fraude millonario al PAMI y desvío de medicamentos controlados en la provincia de Santa Fe. La investigación, impulsada por auditorías internas y denuncias de afiliados, reveló que ambos profesionales habrían facturado más de 50.000 estudios y atenciones médicas a nombre de beneficiarios, muchos de los cuales negaron haber recibido tales servicios.

Durante allanamientos realizados en las localidades de Acebal y Wheelwright, la Policía Federal incautó 243 ampollas usadas de fentanilo, 50 de morfina sin utilizar, material quirúrgico, recetarios médicos y sellos presuntamente adulterados. El hallazgo de estos opioides, cuyo uso está estrictamente regulado, motivó la apertura de un expediente paralelo por presunto suministro y almacenamiento indebido de estupefacientes.

Según fuentes judiciales, el presunto fraude al PAMI alcanzaría los 700 millones de pesos, de los cuales 580 millones habrían sido abonados directamente al cardiólogo investigado. Las autoridades detectaron inconsistencias entre la actividad médica declarada y la verificada, ya que muchos de los supuestos pacientes residían en otras provincias y negaron haber sido atendidos. "La investigación busca determinar el alcance de las maniobras y la eventual participación de otras personas", indicaron desde la fiscalía.

Mientras el enfermero permanece detenido, el cardiólogo señalado en la causa continúa prófugo, lo que ha intensificado las medidas para dar con su paradero. La causa, que incluye cargos por defraudación a la administración pública, infracción a la Ley de Drogas y falsificación de documentos, podría derivar en nuevas imputaciones y en la ampliación del objeto procesal.

El caso ha generado preocupación en el ámbito sanitario y entre los afiliados al PAMI, al poner en evidencia fallas en los controles sobre las prestaciones médicas y el manejo de medicamentos de uso hospitalario. Las autoridades del PAMI han reforzado las auditorías y la retención preventiva de pagos a profesionales sospechados, mientras la investigación judicial avanza para esclarecer el circuito de adquisición y distribución de los insumos incautados. El desenlace de la causa podría sentar un precedente en la lucha contra el fraude y el desvío de medicamentos en el sistema de salud argentino.