Cristian Rivaldi, agente de la Policía Federal Argentina, enfrenta un proceso judicial tras haber sido acusado de gasear a Fabrizia Pegoraro, una niña de diez años, durante una protesta frente al Congreso Nacional en septiembre de 2024. El incidente ocurrió cuando manifestantes, entre ellos la menor y su madre, se encontraban sentados en la Avenida Rivadavia protestando contra el veto presidencial a un aumento para jubilados. La acción policial, captada en video, generó una fuerte repercusión pública y denuncias de organismos de derechos humanos.

Rivaldi fue procesado por abuso de autoridad y lesiones leves, aunque su defensa sostiene que no atacó directamente a la menor y que el gas pudo haber provenido de otro manifestante o haber sido un accidente. "Jamás imaginé que una menor estaría solapada en esos grupos violentos", declaró el agente, quien también responsabilizó a la madre de la niña por llevarla a la protesta. El reglamento policial y el protocolo antipiquetes, implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, establecen la obligación de extremar cuidados ante la presencia de niños, mujeres y embarazadas, lo que ha sido eje de la discusión judicial.

El caso fue apelado y actualmente la Sala I de la Cámara Federal porteña debe decidir si confirma o revoca el procesamiento. Mientras tanto, el protocolo antipiquetes está siendo impugnado en la justicia por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, que cuestionan su constitucionalidad y el uso de la fuerza en manifestaciones.

El episodio se inscribe en un contexto de creciente conflictividad social y protestas semanales en apoyo a los jubilados, así como en un debate más amplio sobre el accionar policial y los límites legales en la represión de manifestaciones. El fallo de la Cámara Federal podría sentar un precedente para futuros casos y marcar el rumbo de la política de seguridad en el país.