El Gobierno nacional avanzó con la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el histórico programa de créditos para la vivienda lanzado en 2012. La medida, oficializada mediante la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, responde a la política de reducción del gasto público y reforma del Estado impulsada por la actual administración. Según los considerandos oficiales, el programa se había convertido en una "pesada carga" para las cuentas públicas y presentaba dificultades de control y fiscalización, según auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

A partir de ahora, la administración de los créditos vigentes quedará en manos del Banco Hipotecario S.A., bajo las mismas condiciones contractuales establecidas en el fideicomiso original de 2012. Los beneficiarios mantendrán sus derechos y obligaciones, sin modificaciones en montos, tasas de interés ni cronogramas de pago. El Ministerio de Economía será responsable de la liquidación del fondo, la administración de bienes y la resolución de eventuales causas judiciales.

En cuanto a las obras inconclusas, la resolución establece que provincias, municipios y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrán recibir los proyectos y definir su continuidad. Algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, ya asumieron el compromiso de finalizar y adjudicar viviendas con fondos propios. Los inmuebles no afectados a contratos vigentes serán transferidos a la AABE, que podrá gestionarlos mediante venta o cesión.

El cierre de Pro.Cre.Ar genera debate y preocupación entre beneficiarios y sectores políticos. Mientras el Gobierno sostiene que la financiación de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión estatal directa, exfuncionarios y críticos advierten sobre el impacto social y la transferencia de recursos públicos a actores privados. El exsecretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, calificó la medida como "una triste paradoja" y denunció que el traspaso al Banco Hipotecario, administrado por el grupo IRSA, representa un negocio para intereses privados.

El programa, que facilitó el acceso a la vivienda a miles de familias desde 2012, se despide en un contexto de reforma estructural del Estado y redefinición del rol público en políticas habitacionales. El futuro de los desarrollos urbanísticos y la modalidad de adjudicación de viviendas quedará ahora en manos de las provincias, municipios y el sector privado, marcando un cambio de paradigma en el acceso a la vivienda en Argentina.