El presidente Javier Milei defendió la reciente designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, en medio de cuestionamientos sobre supuestos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y posibles operaciones políticas. En una entrevista televisiva, Milei negó que la elección de Mahiques tenga como objetivo proteger a dirigentes de la AFA, afirmando: "Falso, Mahiques no tiene vínculos con la AFA". El mandatario sostuvo que la medida busca fortalecer la independencia judicial y resolver la falta de nombramientos en los fueros federales.

Mahiques, por su parte, anunció el inicio de un proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales en la Justicia Federal. El procedimiento incluye la verificación de antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos, siguiendo los requisitos del decreto 588/2003. "El objetivo es habilitar las vacantes para continuar con el procedimiento de selección y envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación", señaló el comunicado oficial.

La falta de magistrados ha impactado negativamente en la eficiencia y celeridad de los tribunales federales, con un 40% de vacantes en juzgados y un 47% en fiscalías. El gobierno busca revertir este panorama, priorizando el control de integridad y la intervención ciudadana en todas las etapas del proceso de selección.

Sin embargo, sectores de la oposición, como el diputado Rodolfo Tailhade, advierten sobre posibles operaciones judiciales y la influencia de Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Tailhade sostiene que la llegada de Mahiques y Viola responde a una estrategia de control político sobre la Justicia, destinada a intensificar la persecución judicial contra figuras opositoras y facilitar acuerdos con jueces de Comodoro Py.

En este contexto, Milei reiteró su compromiso con la independencia judicial y la transparencia, afirmando que "si Tapia y Toviggino son culpables, que paguen con todo el peso de la ley". El debate sobre la designación de Mahiques refleja las tensiones políticas actuales y la necesidad de fortalecer la institucionalidad judicial en Argentina.