Un video reciente ha reavivado la polémica en torno al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes, captadas el 4 de septiembre de 2022, muestran a Brenda Uliarte, una de las principales acusadas, caminando frente a dos agentes de la Policía Federal en el barrio de Barracas sin ser detenida, a pesar de que ya existía una orden de captura en su contra emitida por la jueza María Eugenia Capuchetti.

El video, publicado por el diario Clarín, muestra a Uliarte saliendo de un edificio en la avenida Montes de Oca 1209. Según la investigación, los agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal estaban apostados en el lugar, pero no actuaron. Una hora y media después, Uliarte fue detenida en la estación Palermo del ferrocarril San Martín, tras ser rastreada por su teléfono celular.

Este material ha sido incorporado al juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 6 contra Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo, acusados del intento de asesinato de la exmandataria. El juicio, que comenzó el año pasado, se prevé que finalizará en 2025.

La actuación de los agentes ha sido objeto de críticas. Ambos policías recibieron sanciones internas de cuatro días de arresto y se negaron a declarar sobre lo ocurrido. Este hecho se suma a una serie de irregularidades que han marcado la investigación, incluyendo la manipulación de pruebas y la falta de acción inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, un informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que Uliarte está en condiciones psíquicas de afrontar el juicio, aunque recomendaron que continúe bajo tratamiento por salud mental. La defensa de Uliarte había intentado declararla inimputable en varias ocasiones, pero los peritos concluyeron que presenta la autonomía psíquica suficiente para enfrentar el proceso penal.

El caso ha generado un intenso debate político y judicial. Mientras la jueza Capuchetti retoma el control de la investigación, enfrentando apelaciones y críticas, las imágenes del video han planteado preguntas sobre la eficacia y transparencia de las fuerzas de seguridad. Este episodio subraya la necesidad de una revisión profunda de los protocolos de actuación en casos de alta relevancia política y judicial.