La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, dictaminó que la República Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, como parte de pago de una sentencia que ya condenó al país a abonar 16.100 millones de dólares. La decisión, conocida el 30 de junio de 2025, otorga un plazo de 14 días para cumplir con la orden y ha provocado un fuerte impacto político y económico en Argentina.

La expropiación de YPF fue aprobada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con un amplio respaldo parlamentario: 208 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y 63 en el Senado. El proyecto, impulsado por el oficialismo y acompañado por sectores de la UCR, el socialismo y bloques provinciales, buscaba recuperar la soberanía energética tras años de control de la empresa española Repsol. Sin embargo, la medida fue cuestionada por la oposición, que incluyó a figuras como Elisa Carrió y Patricia Bullrich, y por algunos legisladores que criticaron la falta de control y transparencia en el proceso.

El fallo de Preska reavivó el debate sobre la responsabilidad de quienes votaron a favor de la estatización. En redes sociales y medios, se viralizaron discursos de 2012 y se produjeron cruces entre dirigentes, como el enfrentamiento entre Martín Menem y Jorge Yoma. El presidente Javier Milei, por su parte, responsabilizó a Axel Kicillof y al kirchnerismo por la situación y anunció que su gobierno apelará la sentencia en todas las instancias posibles.

La decisión judicial también tuvo consecuencias inmediatas en los mercados: las acciones de YPF cayeron hasta un 7% en Wall Street, arrastrando a otros activos argentinos. El conflicto judicial se originó por la participación de privados en el paquete accionario de YPF y la posterior adquisición de derechos litigiosos por fondos internacionales, lo que derivó en la demanda contra el Estado argentino.

A trece años de la expropiación, el fallo de la justicia estadounidense pone bajo la lupa el costo financiero de aquella decisión y genera nuevas tensiones políticas en el país. El debate sobre la soberanía energética, la gestión de los recursos estratégicos y la responsabilidad de los actores políticos sigue abierto, mientras el gobierno busca alternativas para enfrentar el impacto económico y legal de la sentencia.