El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte ha alcanzado un punto crítico, con la confirmación de un paro de colectivos de 24 horas para el martes 6 de mayo. La medida afectará a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país, dejando a millones de usuarios sin transporte público.

El reclamo central de la UTA es un aumento del salario básico de $1.200.000 a $1.700.000, mientras que las empresas han ofrecido un incremento del 6% y sumas no remunerativas de $40.000, $50.000 y $70.000 a pagarse en mayo, junio y julio, respectivamente. Estas propuestas han sido rechazadas por el gremio, que las considera insuficientes y un "ataque a la dignidad" de los trabajadores.

La conciliación obligatoria, que venció el 30 de abril, no logró resolver el conflicto. Desde entonces, las negociaciones han estado estancadas. Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, declaró que "el paro está cantado" y que no hay razones para levantarlo. Por su parte, las empresas argumentan que las tarifas congeladas y los altos costos operativos dificultan cumplir con las demandas salariales.

El Gobierno, en un intento por evitar la medida de fuerza, convocó a una reunión de última hora para este lunes 5 de mayo. Sin embargo, las expectativas de éxito son bajas, especialmente tras el reciente cambio en la Secretaría de Transporte, donde Luis Pierrini asumió el cargo en reemplazo de Franco Mogetta. Este cambio ha generado incertidumbre sobre la capacidad del nuevo secretario para mediar en el conflicto.

El impacto del paro será significativo, afectando a millones de usuarios que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios. Además, el conflicto pone en evidencia problemas estructurales en el sector, como la dependencia de subsidios estatales, que alcanzan los $87 mil millones, y las tarifas congeladas que complican la sostenibilidad económica de las empresas.

El paro de colectivos no solo representa un desafío económico para las empresas y el Gobierno, sino también un problema social que afecta directamente a los usuarios. Mientras tanto, las partes involucradas parecen estar lejos de alcanzar un acuerdo, dejando en el aire la posibilidad de una solución a corto plazo.