Las negociaciones entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han adquirido un nuevo matiz político y social en la última semana. El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en Washington gestionando un paquete de ayuda financiera que podría incluir la participación de Estados Unidos a través de Derechos Especiales de Giro (DEG), mientras la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, enfatiza la importancia del respaldo social y político para la continuidad del programa de ajuste fiscal.

Georgieva, en declaraciones públicas y durante su exposición en el Milken Institute, elogió la disciplina fiscal del gobierno de Javier Milei y sugirió que Argentina podría estar ante su último programa con el Fondo si logra consolidar las reformas y acumular reservas. "Tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina", afirmó, agregando que "el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe". La funcionaria utilizó ejemplos de otros países donde líderes que implementaron recortes drásticos en salarios y pensiones lograron ser reelegidos gracias al acompañamiento social.

Sin embargo, el apoyo internacional está condicionado a la gobernabilidad y al resultado electoral. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, subrayó que la ayuda financiera está supeditada a la estabilidad política y parlamentaria, exigiendo que el oficialismo garantice reformas con respaldo legislativo. Caputo admitió que la obtención de recursos depende de mayorías en el Congreso, transformando la negociación financiera en una campaña electoral.

Mientras tanto, el mercado financiero argentino refleja la incertidumbre: las reservas del Tesoro se encuentran en niveles críticos, el dólar muestra volatilidad y los bonos argentinos profundizan su tendencia a la baja. El FMI flexibilizó el cronograma de acumulación de reservas, pero insiste en la necesidad de legitimidad democrática para sostener el ajuste.

Las medidas de ajuste, que incluyen recortes de hasta el 50% en salarios y pensiones según fuentes críticas, han generado preocupación entre sectores sociales y sindicales. Prensa Obrera denuncia que estas políticas solo han profundizado la pobreza y la precarización laboral, mientras el gobierno busca convencer a los mercados y a la sociedad de la necesidad de las reformas.

En este contexto, la relación entre Argentina y el FMI se redefine en función de la capacidad del gobierno de Milei para sostener el ajuste y obtener respaldo electoral, con el futuro económico del país atado a la legitimidad política y social de las medidas implementadas.