El despido de Víctor Díaz, un peón rural con más de una década de trabajo en una estancia de San Vicente, provincia de Buenos Aires, generó conmoción nacional tras la viralización de un video en el que se lo ve abandonar su lugar de trabajo acompañado de su perro. Díaz, conocido en redes sociales por compartir su vida rural, fue notificado de su desvinculación el viernes 27 de junio y debió dejar la vivienda el 1 de julio, sin explicaciones claras por parte de su empleador.

La difusión del video, que superó el millón de reproducciones, motivó una ola de solidaridad y visibilizó las condiciones precarias en las que viven y trabajan muchos peones rurales en Argentina. "Me echaron después de 11 años. Me voy con la frente en alto, aprendí mucho acá en el campo", expresó Díaz en sus redes, agradeciendo el apoyo recibido y solicitando nuevas oportunidades laborales.

La repercusión pública llevó al Ministerio de Trabajo bonaerense y a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a inspeccionar el establecimiento. Las autoridades constataron graves irregularidades: cables eléctricos expuestos, ausencia de elementos de protección personal, condiciones higiénicas deficientes y una vivienda en estado deplorable. El empleador fue intimado a regularizar la relación laboral y garantizar condiciones mínimas de salud y seguridad.

Según trascendió, la decisión de despedir a Díaz habría estado motivada por la publicación de videos que mostraban situaciones privadas del campo, lo que habría generado malestar en el propietario. Sin embargo, el caso puso en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores rurales, la falta de registro laboral y la habitualidad de despidos sin causa justificada.

El episodio reavivó el debate sobre los derechos laborales en el sector rural y la actuación de sindicatos y organismos estatales, que fueron criticados por su accionar reactivo. Mientras tanto, Díaz recibió apoyo económico y ofertas laborales a través de las redes sociales, convirtiéndose en símbolo de una problemática estructural que afecta a miles de trabajadores en el país. El caso deja abierta la discusión sobre la necesidad de mayor protección y visibilidad para quienes desempeñan tareas rurales en condiciones precarias.