La Justicia de Santa Fe condenó al sacerdote Marcelo Ferrero a tres años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple agravado, cometido contra una menor de edad durante un campamento scout realizado en enero de 2025 en la provincia de Córdoba. El fallo, dictado por el juez Javier Bottero en los Tribunales de Rafaela, incluyó la inhabilitación perpetua para el ejercicio del sacerdocio y una serie de medidas restrictivas, como la obligación de fijar domicilio en una congregación religiosa de Córdoba, la prohibición de contacto con la víctima y de ingreso a la localidad de Ramona, Santa Fe.

Ferrero, quien admitió la autoría de los hechos en un juicio abreviado, ejercía como párroco en Ramona y tenía casi 30 años de trayectoria religiosa. Los abusos ocurrieron el 6 y 8 de enero de 2025, durante el campamento anual de scouts de Ramona, al que asistieron más de 100 personas. La investigación fue encabezada por la fiscal Flavia Burella, y la víctima, actualmente mayor de edad, junto a su representante legal, manifestaron conformidad con el procedimiento y la pena impuesta.

Tras conocerse la condena, la Diócesis de Rafaela emitió un comunicado en el que expresó "dolor y perplejidad" por el hecho y detalló la activación inmediata del protocolo interno previsto para casos de abuso en ámbitos eclesiásticos. "Ante esta situación, que nos genera dolor y perplejidad, se decidió tomar contacto con los familiares de la víctima, informándoles del derecho que les asiste para realizar la correspondiente denuncia ante la Justicia", señaló el comunicado. El obispo diocesano dispuso el cese inmediato de Ferrero en todas sus actividades pastorales, su traslado fuera de la localidad y la prohibición de contacto con la víctima, menores, familiares o testigos.

El caso se suma a otros episodios de abuso en instituciones religiosas, generando debate sobre la protección de menores y la responsabilidad institucional. La Iglesia reafirmó su compromiso con la prevención y el abordaje de abusos, y se puso a disposición de la Justicia para colaborar en lo que sea necesario. Las repercusiones del caso continúan en la comunidad local y nacional, mientras se espera que las medidas adoptadas contribuyan a fortalecer los mecanismos de protección y prevención en ámbitos eclesiásticos.