Las negociaciones para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación han vuelto a ocupar el centro de la escena política argentina. Tras las elecciones legislativas, el oficialismo, liderado por Karina Milei, ha reabierto el diálogo con el kirchnerismo y los gobernadores peronistas para intentar alcanzar los dos tercios necesarios en el Senado para aprobar los pliegos de los nuevos jueces.

Entre los nombres que circulan con mayor fuerza se encuentran el de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, impulsada por Cristina Kirchner, y el camarista Mariano Llorens, preferido por sectores del oficialismo. Sin embargo, ambos enfrentan obstáculos: la fragmentación interna del peronismo y la falta de consenso entre los distintos bloques dificultan la concreción de un acuerdo. El Senado, tras el recambio, se encuentra dividido en varios grupos, con los gobernadores peronistas buscando mayor autonomía y peso en las decisiones, alejándose de la conducción kirchnerista.

Las negociaciones, según fuentes de Ámbito y La Nación, se centran en evitar vetos cruzados y lograr un acuerdo político que permita completar el tribunal, que actualmente opera con solo tres miembros de los cinco previstos. Además, se discute la posible ampliación de la Corte y la designación de cargos clave como la Procuración General y la Defensoría General de la Nación, lo que suma complejidad al proceso.

El oficialismo, por su parte, prioriza la aprobación del Presupuesto 2026 y otras reformas estructurales antes de marzo, lo que condiciona el ritmo de las negociaciones judiciales. En este contexto, Karina Milei ha desplazado a Santiago Caputo en la conducción de las conversaciones y ha abierto canales directos con Cristina Kirchner y los gobernadores, con Martín Menem como posible comodín para destrabar acuerdos.

La dinámica política actual muestra un peronismo dividido entre el kirchnerismo duro y sectores provinciales que buscan mayor independencia, mientras la oposición y algunos actores internos advierten sobre el riesgo de una mayor politización de la Corte Suprema. El proceso podría acelerarse si se deroga el Decreto 222, eliminando las audiencias públicas para los candidatos, aunque esto genera preocupación por la transparencia y la independencia judicial.

En definitiva, la definición de los nuevos miembros de la Corte Suprema se ha convertido en un escenario de disputa política y negociación, con implicancias que van más allá del ámbito judicial y que podrían marcar el rumbo institucional del país en los próximos años.