La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar el centro de la escena política y judicial argentina tras la imposición de nuevas restricciones a su prisión domiciliaria y el decomiso de bienes de su familia. La medida, dispuesta por el juez Jorge Gorini, se fundamentó en la realización de una reunión con economistas que, según el magistrado, no estaba debidamente autorizada, aunque la defensa de Fernández de Kirchner sostiene que la autorización existía y que la sanción es desproporcionada.

El decomiso de bienes, que afecta tanto a la ex mandataria como a sus hijos, fue justificado por la presunción de que los mismos tendrían un origen ilícito. Sin embargo, los abogados defensores apelaron la decisión, citando antecedentes legales recientes que exigen pruebas concretas para proceder con el decomiso. "Hacer lugar a lo peticionado importaría una grave afectación al derecho a la propiedad privada, garantizado constitucionalmente", argumentó la defensa, recordando fallos previos en los que se rechazaron decomisos por falta de acreditación del origen delictivo de los bienes.

En paralelo, Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera una persecución mediática y judicial, señalando que el verdadero trasfondo de las acciones en su contra es el debate sobre el modelo económico nacional. En ese sentido, la ex presidenta presentó un documento elaborado junto a economistas, en el que se proponen políticas industriales y fiscales alternativas a las del actual gobierno de Javier Milei, con énfasis en la producción, la regulación y la justicia fiscal.

El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la influencia de los medios en la política argentina. Mientras sectores oficialistas sostienen la necesidad de sanciones y controles estrictos, juristas y académicos discuten la legalidad y las motivaciones de las medidas adoptadas. El episodio se inscribe en un contexto de crisis económica y de profundas tensiones entre los distintos poderes del Estado, reflejando una vez más la compleja relación entre justicia, política y medios en la Argentina contemporánea.