Un grave incidente ocurrió en el Liceo Naval Almirante Brown de Vicente López, donde Brisa Páez, una joven militar de 21 años, sufrió una lesión cerebral severa durante un entrenamiento antidisturbios. El hecho, que tuvo lugar el pasado 4 de abril, ha generado conmoción y una serie de investigaciones judiciales y administrativas.

Según los informes, Páez participaba en un simulacro de control de disturbios cuando uno de los instructores impactó con fuerza el escudo que sostenía, provocando que cayera de espaldas y golpeara su cabeza contra el suelo. Aunque llevaba casco, el impacto fue severo. A pesar de manifestar dolor y desorientación, los ejercicios continuaron y no recibió atención médica inmediata. Fue solo después de insistir en su malestar que fue trasladada a la enfermería, donde le administraron calmantes y le colocaron un cuello ortopédico. Su estado se agravó posteriormente, siendo trasladada al Hospital Militar Central, donde fue inducida a un coma farmacológico. Actualmente, Páez muestra signos de mejoría y está fuera de asistencia respiratoria.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lidera la investigación judicial. Hasta el momento, nueve militares, incluidos instructores y superiores jerárquicos, han sido detenidos. Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y registros audiovisuales del entrenamiento. Los detenidos enfrentan cargos por lesiones graves, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento.

Testimonios de compañeras de Páez sugieren que fue objeto de un trato más violento que el resto del grupo, posiblemente relacionado con una relación previa con uno de los instructores. Además, se ha señalado que Páez tenía solo cuatro meses de formación y carecía de la experiencia necesaria para este tipo de entrenamientos.

La Armada Argentina también ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites en los entrenamientos militares y el trato hacia los voluntarios, especialmente aquellos con poca experiencia.

La familia de Páez exige justicia y denuncia negligencia y abuso de autoridad. Mientras tanto, la jueza Arroyo Salgado tiene diez días para definir la situación procesal de los detenidos. Este caso pone en el centro de atención la necesidad de revisar los protocolos de entrenamiento y garantizar la seguridad de los participantes.