Las protestas docentes y sindicales en Entre Ríos se intensificaron esta semana en rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. Miles de trabajadores estatales, docentes y jubilados participaron en manifestaciones, cortes de ruta y acampes en ciudades como Paraná, Concordia y Gualeguaychú, exigiendo el retiro del proyecto que consideran un ajuste regresivo y una pérdida de derechos adquiridos.

La reforma, actualmente en debate legislativo, propone elevar la edad jubilatoria a 65 años para hombres y mujeres, aumentar los años de aportes requeridos de 30 a 35 y modificar el cálculo del haber inicial, lo que, según los gremios, reduciría significativamente los beneficios para futuros jubilados y pensionados. "El cálculo del haber jubilatorio empeorará y se pone en riesgo el 82% móvil", advirtió AGMER, el principal sindicato docente de la provincia. Además, denuncian que la reforma impacta especialmente en las mujeres, quienes enfrentan trayectorias laborales más precarias y una mayor carga de tareas de cuidado no remuneradas.

El paro docente alcanzó niveles de adhesión cercanos al 80%, según datos sindicales, a pesar de la política oficial de descontar los días no trabajados. "Nos sorprendió el alto acatamiento, entendiendo que muchos docentes no pueden parar por los descuentos salariales", señaló Abel Antivero, secretario general de AGMER. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, ratificó la postura oficial: "Día que se para, día que se descuenta", aunque destacó la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos.

El conflicto previsional se produce en un contexto de crisis económica, baja de la natalidad y disminución de la matrícula escolar, lo que agrava la situación del sistema educativo provincial. Entre Ríos es una de las provincias con salarios docentes más bajos del país, lo que incrementa el malestar entre los trabajadores de la educación.

Mientras el gobierno defiende la reforma como necesaria para equilibrar las cuentas públicas, los gremios y sectores sociales sostienen que el ajuste recae sobre quienes viven de su salario y su jubilación. Más de 50.000 firmas fueron presentadas en rechazo al proyecto, y las protestas continúan en toda la provincia. El desenlace del conflicto permanece abierto, con impacto directo en la educación y el debate social sobre el futuro del sistema previsional.