La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires celebró una audiencia clave para definir el futuro judicial del caso Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados 41 años después en el barrio de Coghlan. La instancia fue convocada tras la apelación presentada por la familia de la víctima y el fiscal Martín López Perrando contra el sobreseimiento de Cristian Graf, dueño de la casa donde se encontraron los restos.

El juez Alberto Litvack había dictado el sobreseimiento de Graf por "inexistencia de delito", argumentando que el hecho investigado no encuadra en una figura legal y que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo. Sin embargo, la familia Fernández Lima y la fiscalía insisten en que la investigación debe continuar, señalando la falta de esclarecimiento y la responsabilidad estatal en la ausencia de justicia durante más de cuatro décadas.

Durante la audiencia, la defensa de Graf, representada por el abogado Martín Díaz, sostuvo que su cliente es inocente y criticó la actuación del fiscal, asegurando que "no surge ningún tipo de vínculo" entre Graf y el crimen. Díaz remarcó que la investigación no ha demostrado pleitos, amistades o negocios entre las partes y calificó el caso como "atípico" por la falta de acción estatal en 1984 y en la actualidad.

Por su parte, la querella, encabezada por Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, reclamó la revocatoria del sobreseimiento y la continuidad de la investigación. "Queremos que algún responsable pague por tanto sufrimiento", expresó Javier, quien asistió a la audiencia junto a sus abogados. El fiscal López Perrando, en su apelación, lamentó que la justicia haya simplificado la imputación y advirtió sobre la responsabilidad del Estado argentino en la violación de los derechos humanos de la familia.

La audiencia, calificada como "muy brava" por la defensa, se extendió más allá del tiempo previsto y estuvo marcada por la intensidad de los interrogatorios. Graf no estuvo presente en la sala. Ahora, la Cámara tiene un plazo de diez días hábiles para decidir si ratifica el sobreseimiento o reabre la causa, una resolución que es esperada con expectativa por todas las partes involucradas.

El caso de Diego Fernández Lima, inicialmente tratado como una "fuga de hogar", expone las falencias del sistema judicial y la falta de investigación durante décadas. El reciente hallazgo de los restos y la ceremonia íntima de despedida realizada por la familia reavivaron el reclamo de justicia y la exigencia de una respuesta estatal adecuada.