Juan Pablo Colhuan, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, fue detenido el 30 de octubre cerca de Cushamen, Chubut, tras permanecer prófugo desde 2022. La detención se produjo durante un operativo de control vehicular en la ruta, cuando personal policial identificó a Colhuan en estado de deshidratación y lo trasladó a un hospital local. Posteriormente, se confirmó su identidad y se constató que tenía dos pedidos de captura vigentes: uno emitido por la justicia provincial por agresión a un efectivo policial y a un vecino, y otro por la justicia federal por usurpación agravada de tierras en Villa Mascardi, Río Negro.

Colhuan, hermano de la machi Betiana Colhuan, líder espiritual de la comunidad, está involucrado en causas judiciales que datan de 2017, cuando la comunidad Lafken Winkul Mapu inició la ocupación de tierras en Villa Mascardi. El conflicto ha generado tensiones con vecinos y autoridades, y ha derivado en múltiples procesos judiciales y condenas en suspenso para varios miembros de la comunidad. Tras el desalojo de 2022, Colhuan fue declarado en rebeldía por la justicia y permanecía prófugo hasta su reciente detención.

La comunidad mapuche y organizaciones de derechos humanos denuncian que la detención de Colhuan se enmarca en una escalada de persecución judicial y política, que incluye bloqueos económicos y la inclusión de miembros en registros de personas vinculadas a actos de terrorismo. El abogado Luis Virgilio Sánchez ha señalado que estas acciones podrían violar normativas internacionales y constituir una forma de presión política sobre quienes defienden sus derechos territoriales.

Por su parte, fuentes oficiales destacan los antecedentes judiciales de Colhuan y la peligrosidad atribuida por el Ministerio de Seguridad. El detenido será trasladado a la Unidad 14 de Esquel para la audiencia de control de detención, mientras la comunidad sostiene que se criminaliza la defensa de sus derechos ancestrales. El caso refleja la persistente conflictividad en la región patagónica entre el Estado y las comunidades mapuches, y plantea interrogantes sobre el futuro de los procesos judiciales y las políticas de reconocimiento de derechos indígenas en Argentina.