Argentina no presentará su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según confirmaron fuentes diplomáticas y gubernamentales. La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, responde a una política de reducción de la presencia y los gastos en organismos internacionales, en línea con medidas similares adoptadas por Estados Unidos e Israel.

La orden fue comunicada al representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, y se espera que llegue al embajador en Ginebra, Carlos Foradori. Aunque el gobierno no realizó un anuncio oficial, la noticia se difundió a través de informes de Amnistía Internacional y medios nacionales. "Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin nuestro país, pero aunque no sorprenda, Milei no tiene interés de tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina", denunció la ONG.

Argentina, que ejerció la presidencia del Consejo en 2022 y fue miembro activo en los últimos años, perderá la posibilidad de votar y presentar resoluciones, aunque podrá intervenir como observador. La decisión se tomó meses atrás y fue confirmada por varias fuentes del entorno presidencial. El retiro se enmarca en una política exterior que busca reducir el multilateralismo y los compromisos internacionales, como ya ocurrió con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, está compuesto por 47 países miembros y se renueva parcialmente cada año. La participación argentina en el organismo ha sido parte de su integración internacional y compromiso con el multilateralismo, destacándose por su rol en memoria, verdad y justicia tras la dictadura militar, y por impulsar resoluciones sobre diversidad y justicia climática.

La medida generó preocupación entre organizaciones internacionales y actores diplomáticos, quienes advierten que el retiro debilita la tradición argentina de defensa de los derechos humanos y envía una señal de menor compromiso con la agenda internacional. El gobierno, por su parte, considera que la participación no es esencial y prioriza la reducción de gastos y la autonomía en la toma de decisiones.

El futuro de la relación de Argentina con organismos internacionales permanece incierto, ya que la administración de Milei analiza su permanencia en otros foros multilaterales y mantiene una postura crítica hacia la ONU y su agenda, especialmente la Agenda 2030. El impacto de esta decisión en la protección de los derechos humanos y en la imagen internacional del país será objeto de seguimiento en los próximos meses.