La Justicia de Chubut investiga un presunto intento de boicot al inicio del ciclo lectivo, luego de que el secretario general de ATE Trelew, José Severiche, denunciara que empresarios y un exfuncionario provincial le ofrecieron dinero para generar un conflicto gremial que impidiera el comienzo de las clases el próximo 23 de febrero. El caso involucra a Gonzalo Carpintero, exfuncionario con antecedentes de corrupción, y a empresarios pesqueros locales.

Según la denuncia, Severiche fue contactado por el empresario Ricardo Traversini, quien le manifestó que su jefe, Carpintero, quería reunirse con él. En la reunión, realizada en una oficina del Parque Industrial Liviano de Trelew, Carpintero le habría solicitado que "haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases", prometiéndole una retribución económica y futuras paritarias como compensación. "Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia", declaró Severiche ante la Justicia.

La fiscal Julieta Gamarra, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dispuso la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew. Se realizaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría concretado la reunión, secuestrando teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

El Gobierno provincial, a través del ministro de Educación José Luis Punta y la ministra de Desarrollo Humano Florencia Papaiani, expresó su preocupación y se presentará como querellante en la causa. Papaiani calificó el hecho como "gravísimo" y pidió que la Justicia llegue a los responsables, señalando que "no podemos creer que es solo una persona en una reunión solicitando esto, sino que hay actores intelectuales atrás".

Fuentes oficiales indicaron que el interés de los involucrados estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el envío de un proyecto de ley que regula el sector. La causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sujeta a revisión a medida que avance la investigación y se analicen las pruebas secuestradas. El caso ha generado fuerte repercusión en la provincia, donde el gobierno busca garantizar el inicio de clases tras años de conflictos gremiales.