El sistema científico argentino enfrenta una de sus crisis más profundas tras la decisión del Gobierno nacional de cancelar proyectos clave y restringir el financiamiento a la investigación básica. El 4 de diciembre, la Agencia I+D+i, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, anuló la adjudicación de los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICT) correspondientes a 2022 y cerró la convocatoria 2023, afectando a miles de investigadores y becarios en todo el país.

La medida prioriza la financiación de áreas consideradas estratégicas, como minería, agroindustria y salud, en detrimento de la ciencia básica y las humanidades. Según denuncian directivos y delegados gremiales, cerca del 85% de los investigadores quedan excluidos del nuevo esquema, que exige una vinculación directa con empresas privadas para acceder a subsidios estatales. “Sacaron todo lo relacionado con la ciencia básica: no solo humanidades, también biodiversidad, astronomía o cualquier investigación que no esté directamente vinculada a una empresa”, explicó Santiago Benítez, delegado de ATE Conicet.

El ajuste también impacta en la distribución de becas doctorales, ahora orientadas mayoritariamente a líneas estratégicas, y en la continuidad laboral de miles de trabajadores del sistema científico. Además, persisten dudas sobre el destino de fondos internacionales, como los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, que deberían estar destinados a la investigación.

La comunidad científica, universidades y gremios han manifestado un rechazo generalizado a las medidas, advirtiendo sobre el riesgo de una "fuga de cerebros" y la pérdida de soberanía tecnológica. Movilizaciones y protestas se organizan en defensa de la ciencia pública, mientras el gobierno sostiene que la reorientación busca eficiencia y resultados concretos para el desarrollo económico.

El debate sobre el rol del Estado y el sector privado en la ciencia argentina no es nuevo, pero la magnitud del ajuste actual y la exclusión de la ciencia básica marcan un punto de inflexión. El futuro del sistema científico nacional, históricamente reconocido en América Latina, queda así en una encrucijada, con consecuencias que podrían extenderse por generaciones.