La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un recurso de queja presentado por los directivos del Grupo Macri, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A. La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifica la continuidad de la investigación iniciada en 2017 y representa un nuevo revés judicial para la empresa postal controlada por la familia del expresidente Mauricio Macri.

El expediente, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, indaga sobre un acuerdo alcanzado en 2016 durante la gestión de Cambiemos, por el cual el Estado habría aceptado condonar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A., estimada en más de 4.000 millones de pesos. La fiscal Gabriela Boquín calificó el pacto como "ruinoso" y "abusivo", señalando que implicaba un grave perjuicio fiscal para el patrimonio estatal. Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Manuel Mocoroa.

La defensa de los directivos intentó apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, argumentando un supuesto "temor de parcialidad" debido a antecedentes personales y profesionales de ambos magistrados. Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la de Casación Penal respaldaron la imparcialidad de los jueces, y la Corte Suprema desestimó el planteo por no tratarse de una sentencia definitiva.

El caso tiene sus raíces en 1997, cuando el Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino. Tras la reestatización del servicio en 2003, la deuda por cánones impagos quedó en disputa. El intento de acuerdo durante la presidencia de Macri fue frenado por la fiscalía y derivó en la actual causa penal, que ha tenido escasos avances y varios cambios de fiscales.

La resolución de la Corte impone además un depósito económico a los recurrentes y mantiene la causa bajo la órbita del juez Lijo. Mientras la defensa sostiene que el expediente tiene un "claro contenido político", la fiscalía y el Estado insisten en que el acuerdo investigado perjudicaba gravemente al erario público. El fallo refuerza la continuidad de la investigación y mantiene bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y al Grupo Macri.