Desde el lunes 17 de noviembre de 2025, los usuarios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan un nuevo aumento en las tarifas, que alcanza casi el 10% y eleva el boleto mínimo a $494,83 para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada, y a $786,78 para quienes no la tienen nominada. La medida, que afecta a 104 líneas de jurisdicción nacional, fue oficializada por el Ministerio de Economía y responde a la política de reducción de subsidios al transporte público automotor, en el marco de un ajuste fiscal más amplio.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establece que el incremento se basa en la evolución del índice de precios al consumidor y sigue el procedimiento de revisiones bimestrales, con un tope equivalente a la inflación acumulada entre actualizaciones. El nuevo cuadro tarifario distingue entre recorridos cortos y largos, con precios escalonados según la distancia. Además, se mantienen recargos diferenciales para servicios expresos y aquellos que circulan por autopistas, que pueden aumentar hasta un 25% y 75% respectivamente sobre los valores generales.

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), explicó que el aumento de tarifas no implica mayores ingresos para las empresas, ya que el objetivo principal es reducir el peso de los subsidios estatales. Fusaro detalló que actualmente, entre tarifa y subsidios, se perciben cerca de $1.100 por pasajero, mientras que el costo real del servicio ronda los $1.700. Esta brecha financiera, sumada al envejecimiento del parque automotor y la caída en la cantidad de pasajeros transportados, genera preocupación en el sector y pone en riesgo la calidad del servicio.

Para los usuarios, el impacto del aumento se ve parcialmente mitigado por promociones de billeteras digitales y bancos, que ofrecen reintegros de hasta el 100% en la carga de la tarjeta SUBE o el pago de pasajes mediante aplicaciones como BUEPP, Mercado Pago y Naranja X. Estas alternativas, disponibles hasta el 30 de noviembre, buscan aliviar el ajuste tarifario y fomentar la migración hacia métodos de pago digitales.

El contexto económico adverso, marcado por la caída del poder adquisitivo y la reducción de subsidios, obliga a los usuarios a buscar nuevas estrategias para afrontar el gasto en movilidad. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público y que su implementación respetó los procedimientos de participación ciudadana. Sin embargo, el sector advierte que, de continuar la tendencia de recorte de subsidios, 2026 podría ser un año crítico para el transporte urbano en el AMBA.