El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010, con el objetivo de modificar el marco legal que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciares. Según el comunicado oficial, la iniciativa busca "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

La propuesta, impulsada por el presidente Javier Milei y respaldada por gobernadores de provincias mineras, otorga mayor potestad a las jurisdicciones provinciales para definir qué glaciares y zonas periglaciares serán protegidas, en función de su efectiva función hídrica. El Ejecutivo argumenta que la ley actual ha generado inseguridad jurídica y paralizado inversiones productivas, especialmente en el sector minero, donde se estima que hay proyectos de cobre por hasta USD 30.000 millones a la espera de definiciones regulatorias.

El proyecto fue presentado tras acuerdos federales recientes, como los alcanzados en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, y en el marco del denominado "Pacto de Mayo". Empresarios y cámaras mineras, como la Cámara Minera de San Juan y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, manifestaron su apoyo a la reforma, señalando que una norma más precisa permitirá el desarrollo responsable de actividades productivas y la protección del ambiente.

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y ONG, entre ellas Greenpeace, que calificó la reforma de "inconstitucional" y advirtió que pone en riesgo las salvaguardas esenciales para la protección del agua y el ambiente. Los críticos sostienen que la reforma subordina la conservación de los glaciares a evaluaciones discrecionales y traslada a las provincias la definición de lo que debe ser protegido, lo que podría afectar el ciclo hidrológico y la provisión de agua dulce para millones de personas.

El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares se da en un contexto de tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental, y en medio de la crisis climática global. El Congreso deberá ahora discutir el proyecto, en un proceso que promete ser intenso y con fuerte participación de actores sociales, empresariales y políticos.