El paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) paralizó gran parte del transporte público en Argentina, afectando a millones de usuarios. La medida, que comenzó el 6 de mayo de 2025, se originó por el reclamo de un aumento salarial que eleve el sueldo básico de los choferes de $1.200.000 a $1.700.000. Aunque inicialmente se centró en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el paro se extendió a nivel nacional, con un acatamiento dispar en distintas provincias.

El conflicto surge en un contexto de alta inflación y restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno de Javier Milei, que ha mantenido una postura firme contra aumentos salariales significativos y subsidios adicionales. La Secretaría de Trabajo se apartó de las negociaciones tras el fracaso de las mismas, dejando la resolución en manos de la Secretaría de Transporte. Según la UTA, las empresas solo aceptarían el aumento salarial si se incrementan las tarifas o los subsidios, algo que el gobierno ha descartado.

El líder de la UTA, Roberto Fernández, destacó la necesidad de un plan de lucha para mejorar las condiciones salariales, mientras que sectores disidentes dentro del gremio criticaron su liderazgo. Estas divisiones internas, sumadas a las tensiones con la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), complicaron aún más la situación. La UCRA, liderada por Miguel Bustinduy, no adhirió al paro en varias líneas de colectivos, lo que generó un acatamiento parcial en algunas regiones.

El impacto del paro fue evidente en ciudades como Rosario, donde se observó un aumento en el uso de bicicletas públicas y aplicaciones de transporte como alternativas al servicio de colectivos. En el AMBA, 4,5 millones de usuarios se vieron afectados, mientras que en provincias como Jujuy, Corrientes y Santa Fe, el paro tuvo un acatamiento total. En contraste, en lugares como Mendoza y Tucumán, la medida fue menos efectiva.

El gobierno calificó el paro como "irrelevante" y reiteró su decisión de mantener un control estricto sobre las paritarias, limitando los aumentos salariales al 1% mensual. Además, descartó la posibilidad de destrabar subsidios o permitir incrementos significativos en las tarifas de transporte.

A pesar de las tensiones, la UTA emitió un comunicado expresando su satisfacción con la medida de fuerza y advirtiendo sobre posibles futuras protestas si no se alcanzan acuerdos satisfactorios. Mientras tanto, los usuarios del transporte público continúan enfrentando incertidumbre, recurriendo a alternativas de movilidad en medio de un conflicto que parece lejos de resolverse.