Cuatro comunidades mapuche de la provincia de Neuquén intensificaron su reclamo por el reconocimiento de su personería jurídica al encadenarse este martes frente a la Casa de Gobierno provincial. La protesta, protagonizada por integrantes de las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas, surge tras una década de gestiones administrativas y compromisos incumplidos por parte de las autoridades provinciales.

El conflicto se agudizó luego de que fracasara una reunión entre los referentes mapuche y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, en la localidad de Tratayén. Según los representantes indígenas, la falta de respuestas concretas y la dilación en la entrega de personerías jurídicas evidencian una falta de voluntad política para resolver el reclamo. “Venimos desde hace casi una década exigiendo ser registrados con nuestras personerías jurídicas. Desde ese momento hemos sufrido todo tipo de excusa para que tal registro no ocurra”, expresaron en un comunicado.

El gobierno provincial, por su parte, emitió un comunicado en el que reafirma la importancia de canalizar los reclamos dentro del marco institucional y advierte que cualquier medida que altere el orden social podría derivar en la intervención judicial. “Creemos firmemente que el diálogo y el respeto por los canales institucionales son el camino más efectivo para alcanzar soluciones y avanzar en el reconocimiento de derechos”, señaló el Ejecutivo neuquino.

El trasfondo del conflicto incluye la disputa por territorios en zonas de influencia de Vaca Muerta, donde las comunidades buscan participar en las consultas previas a nuevos proyectos hidrocarburíferos. El reconocimiento de la personería jurídica es clave para acceder a estos derechos y regularizar la tenencia de tierras. Las comunidades denuncian que la demora en el trámite es una estrategia para limitar su participación y beneficiar a intereses petroleros.

En la última década, la provincia de Neuquén ha otorgado personerías jurídicas a 10 comunidades originarias, pero estas cuatro sostienen que cumplen con todos los requisitos y que la negativa es injustificada. El gobierno asegura que existen vías administrativas y judiciales para reconsiderar las solicitudes y reitera su compromiso con el respeto a los derechos de los pueblos originarios.

El conflicto pone en evidencia las tensiones entre el desarrollo energético, los derechos indígenas y la institucionalidad provincial, y anticipa nuevos episodios de protesta si no se logran avances concretos en el corto plazo.