Un arquitecto de la ciudad de La Plata ha iniciado una demanda civil millonaria contra Google, tras haber sido víctima de un hackeo que lo involucró injustamente en una causa penal por pornografía infantil. El incidente, ocurrido en 2022, comenzó cuando el profesional recibió una notificación de "actividad sospechosa" en su cuenta de Gmail, aunque el aviso llegó cuando el acceso indebido ya se había concretado y sus datos estaban en manos de terceros.

A raíz del hackeo, también se comprometió su cuenta de Facebook, desde la cual se subieron trece imágenes con contenido de pornografía infantil. Esto generó una denuncia automática ante el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en Estados Unidos, lo que derivó en la apertura de una causa penal en la provincia de Buenos Aires. El arquitecto fue imputado y citado a declarar por un delito grave que amenazó con destruir su vida personal y profesional.

Sin embargo, las pericias técnicas determinaron que el material ilícito fue incorporado a sus cuentas sin su conocimiento, lo que llevó al archivo de la causa y descartó toda responsabilidad penal del profesional. A pesar de su inocencia, el arquitecto perdió el acceso a su correo electrónico, donde almacenaba proyectos, documentación y contactos de clientes, y no recibió asistencia personalizada de Google para recuperar su información.

Los abogados Lucas Ferrari Goñi y Nicolás Barbieri Sargiotti, representantes del arquitecto, impulsan la demanda civil contra Google y Meta, la empresa responsable de Facebook Argentina. Alegan que ambas plataformas incumplieron sus propios estándares de seguridad y protección de datos, provocando un daño económico, emocional y profesional de gran magnitud.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los usuarios frente a hackeos y la dificultad para recuperar cuentas y reputación, así como la necesidad de que las grandes plataformas tecnológicas brinden respuestas más efectivas y personalizadas ante situaciones de este tipo. La demanda busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de las empresas en la protección de datos y la atención a víctimas de delitos informáticos.