El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa destinada a facilitar la refinanciación de deudas en mora por tarjetas de crédito y préstamos personales para los residentes porteños. La medida, aprobada por la Legislatura y reglamentada el 13 de julio, busca ofrecer condiciones más accesibles y previsibles para quienes enfrentan dificultades financieras.

El programa establece una tasa de interés fija máxima del 35% anual y un plazo mínimo de 24 meses para la devolución de los préstamos refinanciados. Está dirigido a personas que residan en la Ciudad de Buenos Aires desde hace al menos dos años, con atrasos de entre 60 y 180 días en la Central de Deudores del Banco Central. Además, los solicitantes deben tener ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos y demostrar que las cuotas de sus deudas superan el 30% de los ingresos mensuales del hogar.

El Banco Ciudad será la entidad principal encargada de implementar el programa, aunque la normativa invita a otras entidades financieras a sumarse voluntariamente antes del 31 de julio. Como incentivo, los bancos que adhieran podrán acceder a una reducción del 50% en el impuesto sobre los intereses generados por estos préstamos, siempre que cumplan con los requisitos de la ley.

Quedan excluidos del programa quienes posean más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones, aeronaves, bienes suntuosos, inversiones superiores al monto de la deuda o hayan adquirido dólares durante el período reclamado. Tampoco se incluyen deudas con fintech, préstamos prendarios o hipotecarios, ni obligaciones comerciales.

El lanzamiento del programa coincide con un aumento en la morosidad de los créditos familiares, que alcanzó el 12,7% en mayo, según datos de la consultora 1816. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó que la iniciativa representa "un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día". Por su parte, fuentes del sector bancario manifestaron cautela respecto a la adhesión masiva de entidades privadas, aunque valoran el carácter voluntario y el incentivo fiscal de la propuesta.

El programa estará vigente para solicitudes desde el 3 de agosto por un plazo de 60 días, y se espera que contribuya a la regularización de deudas y a la estabilidad financiera de las familias porteñas. La medida se suma a otras estrategias implementadas por bancos públicos y privados para reducir la morosidad y ofrecer alternativas de refinanciación a sus clientes.