La Justicia de La Rioja ordenó este miércoles la separación de la niña Arcoiris, de nueve años, de su madre y su traslado forzoso a la casa de su padre, quien enfrenta denuncias por abuso sexual. El operativo, realizado a las 7 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contó con la presencia de efectivos policiales y se llevó a cabo pese a la resistencia de la menor, quien expresó reiteradamente su deseo de permanecer con su madre y no tener contacto con su progenitor ni con su abuelo, ambos denunciados por abuso.

La decisión fue tomada por la jueza Ana Carla Menem, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, y ejecutada en medio de la feria judicial y con actuaciones de fondo aún abiertas. Desde 2022, Arcoiris vivía en CABA bajo medidas de protección junto a su madre, Delfina Silva Zarranz, tras una serie de denuncias por violencia sexual y persecución judicial. Informes técnicos y de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema habían calificado la situación de "alto riesgo" y documentado la mejoría de la niña desde su traslado a Buenos Aires.

En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había fallado a favor de la madre, reconociendo sus esfuerzos por proteger a la menor y ordenando a la jueza Menem revisar sus decisiones previas. Sin embargo, la reciente medida judicial desoyó tanto la opinión de la niña como las recomendaciones de organismos especializados. "Hasta el último minuto de esta mañana, Arcoiris pidió a todas las fuerzas y organismos intervinientes que no la separen de su mamá", señalaron desde la Mesa Justicia por Arcoiris.

La resolución generó un fuerte repudio social y movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde organizaciones de derechos de la infancia y colectivos feministas exigieron que se escuche a la menor y se revierta la decisión. "Están avasallando los derechos de la niña nuevamente. Exigimos que la devuelvan con su mamá", expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.

El caso Arcoiris, que se arrastra desde 2018 con al menos cinco denuncias de abuso sexual, vuelve a poner en debate el accionar del sistema judicial argentino y la protección de los derechos de la infancia. La situación permanece abierta y bajo seguimiento de organismos nacionales e internacionales.