El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y gremios aliados el pasado 19 de febrero movilizó a miles de trabajadores en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. La medida, que contó con un alto nivel de adhesión en los gremios del transporte y el sector de la economía popular, se desarrolló en un contexto de creciente tensión entre sindicatos y autoridades.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, anunció la aplicación de multas monetarias a los gremios de trenes y colectivos que se plegaron al paro, argumentando el incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria. "No hablamos de revancha ni venganza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley", expresó una fuente oficial consultada por Infobae. Inicialmente, se evaluó la posibilidad de quitar la personería gremial, pero se optó por sanciones económicas para evitar trabas judiciales.

La jornada de protesta se caracterizó por una fuerte presencia territorial, con ollas populares y cortes estratégicos en puntos neurálgicos de Buenos Aires, Rosario y Necochea. El sector cooperativo y de la economía popular se sumó activamente, desplegando movilizaciones federales y cese total de actividades en fábricas recuperadas y empresas autogestionadas. "A pesar de nuestra conformación como cooperativas, somos trabajadores y trabajadoras", afirmaron desde FEDECARA, ratificando su alineamiento con el movimiento obrero.

La reforma laboral, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados tras la eliminación del artículo 44 relativo a licencias médicas, genera preocupación entre los sindicatos y cooperativas, quienes la consideran regresiva para los derechos laborales. La CGT anticipó nuevas medidas de fuerza, incluyendo un paro de 36 horas cuando el Senado trate el proyecto.

Desde el Gobierno, se celebró el bajo acatamiento masivo del paro y se atribuyó la ausencia de una movilización multitudinaria a la dificultad de la central obrera para convocar a las bases. Sin embargo, organizaciones sociales y gremiales sostienen que la protesta fue un acto de defensa ante políticas que consideran amenazantes para la identidad y los derechos de los trabajadores.

El conflicto se inscribe en una serie de reformas y ajustes impulsados por la administración de Javier Milei, marcando un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y los sectores sindicales y cooperativos. Las próximas semanas serán clave, con la expectativa puesta en el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y la posible intensificación de las medidas de protesta.