El veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad desató una fuerte reacción social y política en Argentina. La normativa, que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, buscaba regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles, reforzar el sistema de pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad hasta diciembre de 2027.

La decisión presidencial fue publicada en el Boletín Oficial y rápidamente generó protestas en todo el país. Familias, organizaciones y figuras públicas, como el arquero de Independiente Rodrigo Rey, se manifestaron en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Rey, junto a su pareja Laura Cáceres, expresó en redes sociales: “El autismo no debería caer en la grieta política jamás” y subrayó la importancia de la empatía y la responsabilidad social.

El diputado nacional Daniel Arroyo, autor de la ley, calificó el veto como “un error absurdo” que “profundiza el colapso del sistema” y afecta directamente a miles de familias. Arroyo destacó que la ley fue aprobada con consenso transversal y que su impacto fiscal es mínimo, representando apenas el 0,003% del PBI. “No hay ningún fundamento racional para impedir que personas con discapacidad tengan garantizado el acceso al transporte, a la salud y a sus tratamientos”, afirmó.

El sistema de atención a la discapacidad atraviesa una crisis profunda: aranceles desactualizados, instituciones al borde del cierre y profesionales migrando a otros rubros. Las movilizaciones frente al Congreso y en distintas ciudades reflejaron el descontento y la urgencia de respuestas. Organizaciones denunciaron operativos policiales durante las protestas y reclamaron respeto a los derechos humanos.

En el plano político, senadores y diputados de la oposición y del oficialismo presionan para rechazar el veto en el Congreso. El debate continúa, con la expectativa de que la emergencia en discapacidad vuelva a ser tratada y se logre una solución que priorice los derechos humanos por encima de las disputas partidarias. El futuro del sistema de atención y de miles de familias depende de la resolución de este conflicto, que expone la necesidad de políticas inclusivas y sostenidas.