En Córdoba, Argentina, el conflicto salarial en el Poder Judicial ha alcanzado un punto crítico. Los empleados judiciales, organizados en su mayoría como "autoconvocados", exigen una recomposición salarial del 50% y la equiparación con los salarios de la Justicia Federal. Las protestas han incluido la toma del Salón de los Pasos Perdidos en Tribunales I y movilizaciones en varias ciudades de la provincia.

El conflicto se intensificó cuando Luis Angulo, presidente del Tribunal Superior de Justicia y exministro de Juan Schiaretti, ordenó descontar las horas de asamblea de los salarios de los empleados. Esta medida generó indignación entre los trabajadores y aumentó la tensión con el Ejecutivo provincial, que busca mediar en la situación.

En Villa María, las protestas tomaron un giro preocupante cuando manifestantes denunciaron el uso de gas pimienta por parte de un policía de civil. El fiscal René Bosio calificó el incidente como "grave" y aseguró que se investigará a fondo. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) presentó una denuncia penal, calificando el hecho como un ataque al derecho constitucional de protesta.

El trasfondo del conflicto radica en la disparidad salarial entre los empleados judiciales provinciales y federales. Mientras que los magistrados y funcionarios lograron equiparar sus ingresos con los de la Justicia Federal en 2014, los empleados de menor rango quedaron excluidos de esta mejora. Actualmente, los salarios de los empleados no jerárquicos rondan los $700,000, una cifra considerada insuficiente frente a la inflación.

El gobernador Martín Llaryora enfrenta un desafío adicional mientras impulsa reformas en el Ministerio Público Fiscal. Los "autoconvocados", un movimiento inorgánico que ha ganado fuerza en los últimos años, critican tanto a la conducción gremial como a las autoridades provinciales por no abordar sus demandas de manera efectiva.

El conflicto refleja un descontento más amplio en la provincia, donde los movimientos inorgánicos han comenzado a cuestionar las estructuras tradicionales de poder. Aunque el oficialismo minimiza su impacto, la oposición ve en estas protestas una señal de descontento creciente que podría tener implicaciones políticas significativas en el futuro.